miércoles, 25 de junio de 2008

Ciudadanos contra empresas


El Palacio de los niños costó en su momento al Ayuntamiento de Oviedo más de 10 millones de euros, es decir, se trata de una instalación que sufragamos y pagamos todos y cada uno de los ovetenses, que es nuestro, por lo tanto.


Como tantos otros servicios públicos municipales, el actual Equipo de Gobierno decidió que su gestión la realizara una emprea privada, dentro de aquel modelo de gestión, que un día se nos vendió como el brillante "modelo Oviedo" y que 17 años después aún no hemos encontrado cuales eran sus presumibles ventajas y sí, sin embargo, sus inconvenientes ( que se lo pregunten sino a las 13 profesionales de las bibliotecas que fueran despedidas).


No quiero ser dogmático sobre este tipo de cuestiones. En realidad el viejo debate entre lo público y lo privado sólo debería ser capaz de responder a una única pregunta ¿ qué tipo de gestión beneficia más al ciudadano, a quien en realidad van dirigidos los servicios?


Podría poneros un sinfín de ejemplos que he ido acumulando en el último año, pero me quedaré con uno que me duele especialmente. Hace ya casi 8 meses llevo denunciando una situación que se produce en el Palacio de los Niños en relación con los menores con necesidades especiales. A estos ciudadanos de pleno derecho, cuyos derechos estamos moral y jurídicamente obligados a proteger, les sale más caro ( casi el doble más) participar en las colonias urbanas que organiza el Palacio. ¿ Por qué, preguntaréis vosotros y me pregunté yo?, pues intuyo que esencialmente porque la presencia de esos menores obliga a la empresa concesionaria a utilizar monitores más especializados y en mayor número y eso es un gasto que directamente traspasan al usuario. Nada que objetar; esa es la lógica de una empresa privada, sólo que esta empresa privada no utiliza unas instalaciones que hayan pagado ellos y además está vinculada por contrato con una actividad pública, cuya filosofía más irrenunciable consiste precisamente en la igualdad de trato a todos los ciudadanos y ciudadanas.


A partir de ahí, los padres afectados y yo mismo nos enfrentamos contra un muro. La empresa argumenta sus motivos económicos y nosotros los derechos públicos . Un diálogo de sordos, evidentemente. Pregunté reiteradamente a la Concejala de Bienestar la razón de esta singular injusticia, pero desconocía oficialmente tal situación y ¿ por qué la desconoce, le dije?, porque lo gestiona una empresa privada. Así que vuelta a empezar. Le pregunté si el Ayuntamiento había autorizado alguna subida de tarifas para ese colectivo y me confirmó que no lo había hecho. Tal es así, que los precios finales que pagan estos ciudadanos no figuran en las tarifas que oficialmente publicita, hasta tal punto que en uno de sus últimos folletos y en letra bien pequeña dice: los niños con necesidades especiales consultar tarifas, así que reconocen explicitamente que hay tarifas especiales para niños especiales. Tarifas que nadie aprobó y que los sitúa como ciudadanos de segunda, como usuarios incómodos de este servicio.


Lo vuelvo a escribir: el Palacio de los niños le costó a Oviedo más de 10 millones de euros. Pagar lo pagamos todos, pero no todos lo podemos disfrutar en las mismas condiciones.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Está claro que cualquier persona que tenga unas necesidades diferentes al resto de la ciudadanía, sean cuales sean, tienen un coste más elevado en los servicios que utilizan, ahora bien, precisamente por tener necesidades especiales y por estar ofreciendo un servicio desde una administración pública, lo lógico sería que, no tan sólo no pagaran más que el resto, sino que pagaran menos.
Los gastos de una familia con algún miembro con necesidades especiales es mucho más elevado que el resto de familias, y la administración pública tiene que velar porque estas personas reciban el trato que necesitan y merecen.
El hecho de que una empresa privada gestione un determinado servicio público no es razón para discriminar ni marginar a nadie, la administración pública tiene la obligación de sufragar los gastos de más que se generen para poder atender a todos los ciudadanos y ciudadanas sin distinción.
Felicidades por el artículo y mi apoyo en todas las iniciativas que lleveis a cabo.

Anónimo dijo...

Y puestos a opinar, opino que una institución pública, por tanto, laica, no debería celebrar actividades religiosas, y si lo hace, en todo caso, que lo haga con todas las confesiones del municipio.